Veintitrés condenas por crímenes cometidos en los centros clandestinos del Circuito Camps. Jaime
Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, es el
primer funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa
humanidad. Se ordenó arrestar al ex ministro de Justicia Alberto Rodríguez
Varela.
(Fuente: Alejandra
Dandan - Página/12)
“Fue una
condena ejemplar, completísima; cada uno de esos nombres me resonó en el
corazón y saber que los canallas están condenados de modo ejemplar muestra que
todo esto, cada una de estas cosas se está acomodando en su lugar”, dijo la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, apenas se levantó de
su silla, mientras la sala repleta del teatro de la ex AMIA de La Plata , donde se celebró el
juicio, cantaba: “Como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a
buscar”.
Los 23 acusados
por los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps fueron condenados, 16
de ellos a prisión perpetua. Los delitos fueron definidos como genocidio. La
primera condena que se escuchó fue la de Jaime Smart, el ex ministro de
Gobierno bonaerense, que atravesó el juicio sostenido por editoriales del
diario La Nación
a las que el Tribunal Oral Federal 1 definió como “maniobras” destinadas a
“presionar” sobre el fallo. Los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto
Falcone condenaron a Smart a prisión perpetua por el homicidio de Jorge
Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado en una trama que se
desarrolló en el corazón de Papel Prensa, y por 57 privaciones ilegítimas de la
libertad. Los jueces también impulsaron una investigación por los otros 32
homicidios probados durante el juicio y ordenaron la detención inmediata y
reclamada desde hace años del entonces fiscal de estado bonaerense Alberto
Rodríguez Varela, que luego fue ministro de Justicia, porque los testimonios
probaron que entrevistó a los Graiver en Puesto Vasco.
“Uno de los
civiles que se de-sempeñó como máxima autoridad en la dictadura militar fue
condenado a cadena perpetua porque está a la par de la responsabilidad de los
jefes militares y es importante que se investigue y que tengan las mismas
penas”, dijo el canciller Héctor Timerman, sentado en las primeras filas, en un
juicio en el que declaró por el secuestro de su padre. Alrededor, la sala
seguía cantando. Y salía despacio pero “emocionada” la abuela María Isabel
Chorobik de Mariani.
Apenas
llegó al teatro, con su bastón y esos anteojos negros que le protegen los ojos
que ya casi no ven, pero siguen esperando justicia, Chicha entró ovasionada.
Julio López fue homenajeado por la sala y por el Tribunal, que ordenó la
investigación de cada uno de los torturadores que nombró.
Cuando
comenzó el juicio, los acusados eran 24, entre ellos dos civiles: Smart y el ex
gobernador Ibérico Saint Jean, que murió durante el juicio. Los jueces
condenaron a 16 de ellos a prisión perpetua. Entre esas perpetuas están los
jefes del circuito, de los centros clandestinos, y de los operativos que
estuvieron en la calle 30, donde funcionó la sede de prensa de la columna sur
de Montoneros y mataron a tres militantes, entre ellos la nuera de Chicha
Mariani, y de donde secuestraron a su nieta Clara Anahí.
Entre los
condenados de mayor rango estuvo Rodolfo Aníbal Campos, ex coronel del Ejército
y parte del estado mayor bonaerense, condenado por 21 homicidios y Miguel
Etchecolatz, comisario y director de la Brigada de Investigaciones de la Plata , centro clandestino
que funcionó de ingreso para los detenidos.
Los
acusados entraron a la sala en fila. Detrás de Smart, el último fue
Etchecolatz. Camisa blanca, traje con los botones atados, una escarapela y un
rosario atravesado al cuerpo como una bandera. Cuando todavía intentaba
sentarse, la sala le gritó: “¡Julio López, presente!”. Etchecolatz fue
condenado a perpetua por 15 homicidios calificados, entre ellos los de las
víctimas de la calle 30. Y por 101 secuestros. Cuando Rozanski terminó de
leerle la sentencia, Etchecolatz, con su figura escuálida, dejó la silla y se
levantó. Tres policías se le parapetaron enfrente. Le pusieron los tres escudos
adelante. Nadie sabía qué iba a hacer. La sala le dijo todo: “¡Asesino! ¡Te vas
a morir en la cárcel!”. El no se movía. “¡Violador!”, le dijeron.
En ese
momento sacó un papel, y lo desplegó en el aire tan rápidamente como lo haría
con un arma. “162 policías muertos, Justicia, donde estás”. Y en la otra parte
del cartel: “Ya llegará el juicio y castigo para la justicia corrupta”.
Rozanski lo paró: “El señor Etchecolatz va a abandonar la sala”.
La densidad
que tuvo el fallo es compleja y enorme. Entre los nombres más simbólicos
recibieron perpetua Hugo Alberto Guallama, ex chofer de Etchecolatz; Carlos “El
Oso” García, por Comisaría 5ª y calle 30; Fernando Svedas, comisario de
Seguridad y segundo jefe de la
Brigada de Investigaciones de La Plata. El médico y
partero Jorge Antonio Bergés recibió 25 años de prisión, entre otros casos, por
la apropiación de Pedro Nadal García.
Antes de
las condenas, el Tribunal hizo dos declaraciones que servirán para otros
juicios: 1) Sobre el tipo de responsabilidad de las acciones penales:
entendieron que todos son “autores directos” como funcionarios públicos que integraron
el aparato organizado del poder represivo y con independencia del tipo de
intervención que tuvieron, como pidió la querella de la Secretaría de Derechos
Humanos. 2) Definieron los delitos como genocidio. Todas las querellas e
incluso la fiscalía habían pedido condenas por ese delito específico y no como
suele hacerse, en el “marco del genocidio”. El Tribunal tomó el reclamo, aunque
ante posibles planteos de la defensa abrió la opción de definirlos también como
de lesa humanidad. “Considerando que las conductas de los imputados estuvieron
dirigidas inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la
comisión del delito internacional de genocidio”, dijo Rozanski y en la sala
explotó un aplauso.
Los casos
Papel
Prensa fue uno de los ejes de la causa, a través del secuestro de los Graiver,
entre ellos Lidia Papeleo y Rubinstein. Era el único homicidio por el que Smart
podía recibir la perpetua. El Tribunal lo dio por probado. Sobre este eje
pronunció otras dos líneas clave en la lectura final: 1) Ordenó detener al ex
fiscal Alberto Rodríguez Varela, que según los testimonios se entrevistó con
los Graiver durante su secuestro en Puesto Vasco, en una acción presuntamente
vinculada con el traspaso de la empresa Papel Prensa; y 2) Remitió las copias
de todas las declaraciones producidas en este juicio para que se investiguen
como pruebas en la causa que tramita en Buenos Aires de Papel Prensa.
Otro eje
fueron los pedidos de nuevas investigaciones. En línea con el pedido de
Guadalupe Godoy de la querella de Justicia Ya!, ordenó investigaciones sobre
responsabilidades eclesiásticas y judiciales. Impulsó una investigación sobre
Emilio Grasselli, el ex vicario castrense del Ejército y por primera vez sobre
el Seminario Mayor San José de La
Plata. Ese lugar, evocado por los secuestrados como el
espacio desde donde oían el sonar de las campanas desde el cautiverio en la Comisaría 5ª, proveía
comida al centro clandestino, según probaron las testimoniales de este juicio.
Se ordenó además investigaciones a los “cómplices” de la justicia federal,
provincial y de Policía de la
Provincia de Buenos Aires que aún siguen pendientes. Y los
jueces le pidieron a los ejecutivos de Nación y de Provincia instrumentar los
medios para desafectar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de
detención para preservarlos como sitios de la memoria. Especialmente enfáticos
fueron con el Pozo de Arana y la
Comisaría 5ª.
Pidieron
que se ordene la notificación de las condenas de Smart y de Bergés a sus
respectivas instituciones de profesionales. Y como último punto, el Tribunal en
pleno hizo la denuncia sobre La Nación. Anunció que pondrá en conocimiento a la Comisión Nacional
de Independencia Judicial y de la Comisión Interpoderes
copias de dos editoriales del diario por considerar que formaron parte de una
“maniobra” destinada a ejercer presión sobre los jueces. Y acompañarán las
denuncias con sobres anónimos que recibieron dos de los jueces antes de la
sentencia.
También
revocaron todas las prisiones domiciliarias y dispusieron el traslado de Bergés
y Domingo Almeida al penal-hospital de Ezeiza.
Los
condenados
- Jaime
Smart, prisión perpetua
- Miguel
Etchecolatz, prisión perpetua
- Bernabé
Corrales, prisión perpetua
- Rodolfo
Campos, prisión perpetua
- Alberto
Guallama, prisión perpetua
- Raúl
Machuca, prisión perpetua
- Norberto
Cozzani, prisión perpetua
- Carlos
García, prisión perpetua
- Miguel
Kearney, prisión perpetua
- Horacio
Luján, prisión perpetua
- Domingo
Almeida, prisión perpetua
- Julio
Argüello, prisión perpetua
- Mario
Sita, prisión perpetua
- Roberto
Grillo, prisión perpetua
- Luis
Patrault, prisión perpetua
- Fernando
Svedas, prisión perpetua
- Eros
Amilcar Tarela, 25 años
- Jorge
Antonio Bergés, 25 años
- Roberto
Cabrera, 18 años
- Sergio
Verduri, 15 años
- Daniel
Lencinas, 14 años
- Pedro
Ferriole, 11 años
- Santiago
Antonini, 2 años
