“La apropiación ilegal de niños es otro modo de exterminio”

Alicia Lo Giúdice, coordinadora del equipo de psicólogos de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps. Explicó las profundas consecuencias que sufrieron los menores apropiados durante la dictadura militar.

(Fuente: Pablo Roesler - Tiempo Argentino)

La apropiación ilegal de niños es otro modo del exterminio", explicó ayer la coordinadora del equipo de psicólogos de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia Logiúdice, en el juicio por los crímenes del Circuito Camps que se realiza en La Plata, donde concurrió como testigo para profundizar sobre los daños psicológicos que sufren los niños y niñas apropiados durante la dictadura. La profesional dijo que mientras dura la apropiación los hijos de los desaparecidos viven en una lógica de campo de concentración, y remarcó que a diferencia de lo que ocurrió en otros genocidios de la modernidad, los militares argentinos se quedaron con lo más preciado de sus opositores políticos: su descendencia.

"La Argentina ha sido un caso casi único, un país en el que aquellos que quisieron exterminar a adultos les quitaron lo más preciado que tenían: su descendencia", dijo la psicoanalista y directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, un servicio de salud mental de Abuelas.

Al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, la profesional enmarcó los daños causados en los nietos recuperados en "la apropiación ilegal de niños bajo el terrorismo de Estado", y explicó que los hijos de los desaparecidos "fueron sustraídos violentamente de un sistema de parentesco para incluirlo, en otro, negando que el origen del vínculo con los apropiadores está construido en base al secuestro del niño y el asesinato de sus padres."

Por eso, la mujer explicó que el modo de vida de los niños apropiados y la convivencia con sus apropiadores bajo una ilegalidad oculta, obedecía a una lógica de campo de concentración. "El joven vivía en un estado de excepción que se convirtió en norma de vida", detalló Logiúdice. Y abundó: "Yo propongo que este tipo de delitos sobre un joven es otro modo del exterminio, porque no los mataron como en la Alemania nazi, pero sí los exterminaron de un sistema de parentesco para incluirlos en otro violentamente". Para explicar las marcas de la apropiación, recordó el primer caso que asistió: el de la primera chica restituida por orden judicial con identificación genética en 1985. Explicó que la menor había sido apropiada cuando tenía casi dos años, razón por la cual sus apropiadores "no pudieron hacerle olvidar su nombre". Sin embargo, remarcó, lo que sí lograron es detener su crecimiento: "Cuando la abuela la ubicó, aseguraba que la nena tenía siete años, pero su apropiador decía que tenía cinco. Las pruebas forenses, de huesos, dieron que se trataba de una nena de cinco años, pero las pruebas de sangre confirmaron que la chica era la que la abuela buscaba. Con la restitución jurídica ella retomó los lazos familiares y desarrolló la altura ósea que le correspondía. Esos son los casos que nos han enseñado el efecto en la subjetividad de esas situaciones", aclaró. Y remarcó que la apropiación de niños "es genocidio" según las Convención Internacional 1948 por ese delito.

También declaró ayer a través de una videoconferencia desde Canadá, la testigo Adriana Chamorro, quien recordó que el médico policial imputado en la causa, Jorge Bergés, participó de las torturas a la que fue sometida en el centro de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo. "En la tortura una persona me puso un estetoscopio y dijo: ‘vamos a parar un poco’”, contó, y recordó que al día siguiente ese hombre apareció a cara descubierta en su celda. Cuando recuperó la libertad y se exilió en Canadá, ligó la cara con un nombre: "Cuando Madres y Abuelas publicaron fotos de represores yo identifiqué a Bergés como el médico que me había atendido.”